Javier Pulido Biosca
Identidad–es
Una de las importantes
aportaciones a la historia de las leyes en México es la aceptación de los acuerdos
y tratados internacionales sobre derechos humanos que deben ser garantizados por
el Estado mexicano e incorporados a la Constitución Política Mexicana, lo que
se consiguió hacer en 2011. A partir de ese entonces, México sólo tiene la
opción jurídica de avanzar en la garantía de esos derechos.
Con esto, México
ingresa en la globalización de los derechos humanos. De este aspecto formal ningún
mexicano expresa su desacuerdo. Lo que sí sucede paralelamente en el panorama nacional
es que los derechos humanos se ven cada vez más vulnerados. Y esta es una
generalización que hay que cualificarla.
Cuando el presiente de
México propuso la incorporación de los derechos a rango constitucional que
comprende tanto a los derechos civiles y políticos, llamados derechos humanos
de primera generación, como a los derechos económicos, sociales y culturales,
conocidos como de segunda generación, a los que se agregan los llamados
derechos colectivos o de tercera generación y son los derechos ambientales.
De estos derechos,
algunos se cumplen en mayor o menor grado y esto es importante de saber si hay
un órgano público autónomo que lo garantice y sea el instrumento del Estado
para garantizar su cumplimiento.
En el caso de los
derechos civiles, como la libertad de pensamiento y de expresión de ideas se
había avanzado considerablemente antes de 2018, se fueron ralentizando
gradualmente y crecieron los delitos contra de los derechos ambientales, de tal
manera que se considera un retroceso derivado de la administración durante los
pasados 3 años.
Pero no sólo se negaron
a detener el ya gran deterioro ambiental hecho antes, sino que desde ese año
prosperaron proyectos que han implicado deterioro ambiental mayor, como la
devastación de tramos de selva alta para el empecinamiento inútil del llamado “tren
maya” o la construcción de una refinería en un entorno histórico mundial que se
despide de los combustibles fósiles para reemplazarlos con energías limpias.
Entonces, en el campo
de los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, México ha
sufrido daños en los últimos 3 años, cuando estos derechos deberían cumplirse
de manera progresiva, ya que son cruciales en el campo de varios otros derechos
humanos, como el derecho a la salud o el derecho a la vida.
También otros
derechos, como los que dan prioridad a las necesidades y decisiones de los grupos
indígenas y su patrimonio tangible e intangible, garantizados por el derecho a
la consulta social y por el Artículo Cuarto Constitucional.
Esto ha provocado que quienes
defienden los derechos ambientales y los de los pueblos indígenas sean
constantemente perseguidos, desde administraciones anteriores de las que la
actual no se distingue por ser la excepción sino por ser peor. Estos derechos
humanos están cada vez más lejos de ser garantizados. Todo lo contrario, ha
crecido la cifra de los defensores de los derechos humanos indígenas y
ambientales que han sido asesinados en los últimos años y cuyo crimen ha
quedado impune.
También se han
incrementado los crímenes en contra de periodistas que comunican estas y otras
prácticas irregulares de la administración pública, acciones que se han ido
incrementando en proporción inversa a la insistencia gubernamental en su
campaña de honestidad y confianza.
Intentando someter a
la prensa insumisa y crítica, el actual gobierno obstruye, peor que como lo
hacían las administraciones anteriores, todo contrato de servicios de difusión,
pero lejos de reducir el interés de sus públicos, la realidad es que avanza
porque ahora nada se calla y eso fortalece a una democracia. Lo que no la
fortalece es que continuamente sea hostilizada esa prensa, buscando someter a
un gremio que por naturaleza se define como crítico de los temas en los que un
sistema de gobierno falla en el cumplimiento de sus obligaciones.
Y es que la prensa
insumisa ante cualquiera de los tres niveles de gobierno es perseguida, ya no
solo silenciada por la inducida falta de presupuesto para ellos, sino
hostilizada además desde las formas de manipulación de masas que utilizan
también los tres niveles de gobierno.
Se justifica el hecho
mediante falacias, es decir mediante argumentos fallidos que se consideran como
errores técnicos en la manera de demostrar esas afirmaciones.
A lo largo de la
historia quienes tuercen el razonamiento usando falacias han venido siendo precisamente
algunos políticos interesados en manipular a las masas en su busca permanente
de votos.
Esto tuerce la función
de un órgano de gobierno, que es la de ejercer un programa de trabajo cuyo
resultado debe ser un beneficio para los habitantes de un municipio, estado o país.
Desinterés del ciudadano
Pero también está
pendiente que los ciudadanos mismos sean los protectores de sus derechos, lo
que no se han conseguido y, con los crímenes en contra de los comunicadores se
busca que esa sociedad que permanece inmóvil siga así para que los crímenes
crezcan.
El derecho a la expresión
pública de las ideas es una libertad que define a las democracias y el respeto
a la pluralidad de las ideas es la regla para ello. Pero el principal interesado
en que este derecho se respete es el mismo aparato político, incluidos los
diversos partidos en su responsabilidad social, que va más allá de su mero
interés electoral.
