México ante la globalización de los DH

Javier Pulido Biosca

Identidad–es

Una de las importantes aportaciones a la historia de las leyes en México es la aceptación de los acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado mexicano e incorporados a la Constitución Política Mexicana, lo que se consiguió hacer en 2011. A partir de ese entonces, México sólo tiene la opción jurídica de avanzar en la garantía de esos derechos.

Con esto, México ingresa en la globalización de los derechos humanos. De este aspecto formal ningún mexicano expresa su desacuerdo. Lo que sí sucede paralelamente en el panorama nacional es que los derechos humanos se ven cada vez más vulnerados. Y esta es una generalización que hay que cualificarla.

Cuando el presiente de México propuso la incorporación de los derechos a rango constitucional que comprende tanto a los derechos civiles y políticos, llamados derechos humanos de primera generación, como a los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como de segunda generación, a los que se agregan los llamados derechos colectivos o de tercera generación y son los derechos ambientales.

De estos derechos, algunos se cumplen en mayor o menor grado y esto es importante de saber si hay un órgano público autónomo que lo garantice y sea el instrumento del Estado para garantizar su cumplimiento.

En el caso de los derechos civiles, como la libertad de pensamiento y de expresión de ideas se había avanzado considerablemente antes de 2018, se fueron ralentizando gradualmente y crecieron los delitos contra de los derechos ambientales, de tal manera que se considera un retroceso derivado de la administración durante los pasados 3 años.

Pero no sólo se negaron a detener el ya gran deterioro ambiental hecho antes, sino que desde ese año prosperaron proyectos que han implicado deterioro ambiental mayor, como la devastación de tramos de selva alta para el empecinamiento inútil del llamado “tren maya” o la construcción de una refinería en un entorno histórico mundial que se despide de los combustibles fósiles para reemplazarlos con energías limpias.

Entonces, en el campo de los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, México ha sufrido daños en los últimos 3 años, cuando estos derechos deberían cumplirse de manera progresiva, ya que son cruciales en el campo de varios otros derechos humanos, como el derecho a la salud o el derecho a la vida.

También otros derechos, como los que dan prioridad a las necesidades y decisiones de los grupos indígenas y su patrimonio tangible e intangible, garantizados por el derecho a la consulta social y por el Artículo Cuarto Constitucional.

Esto ha provocado que quienes defienden los derechos ambientales y los de los pueblos indígenas sean constantemente perseguidos, desde administraciones anteriores de las que la actual no se distingue por ser la excepción sino por ser peor. Estos derechos humanos están cada vez más lejos de ser garantizados. Todo lo contrario, ha crecido la cifra de los defensores de los derechos humanos indígenas y ambientales que han sido asesinados en los últimos años y cuyo crimen ha quedado impune.

También se han incrementado los crímenes en contra de periodistas que comunican estas y otras prácticas irregulares de la administración pública, acciones que se han ido incrementando en proporción inversa a la insistencia gubernamental en su campaña de honestidad y confianza.

Intentando someter a la prensa insumisa y crítica, el actual gobierno obstruye, peor que como lo hacían las administraciones anteriores, todo contrato de servicios de difusión, pero lejos de reducir el interés de sus públicos, la realidad es que avanza porque ahora nada se calla y eso fortalece a una democracia. Lo que no la fortalece es que continuamente sea hostilizada esa prensa, buscando someter a un gremio que por naturaleza se define como crítico de los temas en los que un sistema de gobierno falla en el cumplimiento de sus obligaciones.

Y es que la prensa insumisa ante cualquiera de los tres niveles de gobierno es perseguida, ya no solo silenciada por la inducida falta de presupuesto para ellos, sino hostilizada además desde las formas de manipulación de masas que utilizan también los tres niveles de gobierno.

Se justifica el hecho mediante falacias, es decir mediante argumentos fallidos que se consideran como errores técnicos en la manera de demostrar esas afirmaciones.

A lo largo de la historia quienes tuercen el razonamiento usando falacias han venido siendo precisamente algunos políticos interesados en manipular a las masas en su busca permanente de votos.

Esto tuerce la función de un órgano de gobierno, que es la de ejercer un programa de trabajo cuyo resultado debe ser un beneficio para los habitantes de un municipio, estado o país.

 

Desinterés del ciudadano

Pero también está pendiente que los ciudadanos mismos sean los protectores de sus derechos, lo que no se han conseguido y, con los crímenes en contra de los comunicadores se busca que esa sociedad que permanece inmóvil siga así para que los crímenes crezcan.

El derecho a la expresión pública de las ideas es una libertad que define a las democracias y el respeto a la pluralidad de las ideas es la regla para ello. Pero el principal interesado en que este derecho se respete es el mismo aparato político, incluidos los diversos partidos en su responsabilidad social, que va más allá de su mero interés electoral.