viernes, 1 de agosto de 2014

Legaliza Veracruz la impunidad


Veracruz legaliza la impunidad
Otra más de las muestras de ignorancia supina de quien gobierna Veracruz está en la pretensión de ley que legaliza la impunidad de los funcionarios en Veracruz.

Según esta ley, ilegal por ser anticonstitucional, los ciudadanos tendrán suspendido su derecho a demandar a los funcionarios en los casos en que cometan ilícitos que afecten a particulares, o que los ciudadanos tengan evidencias de faltas a las leyes, o que, por la vía de la protesta social, expresen sus exigencias para los funcionarios cumplan con las responsabilidades asignadas.

Es también muestra que confirma la completa ignorancia de los derechos que tienen los diputados veracruzanos quienes, exceptuando a una única excepción, muestran su catastrófica incompetencia.
Podemos subrayar el carácter ilustrado de la diputada Mónica Robles, quien tuvo el conocimiento suficiente como para entender que detrás de la iniciativa duartista se esconden severas violaciones los derechos constitucionales y a los convenios internacionales.

Y es que ese desconocimiento de 43 diputados jarochos pone en evidencia, nuevamente, la catastrófica ignorancia de la ley que tienen estos personajes cuya función es –paradójicamente– la de crear leyes.

Con esto se vislumbra –según algunos– la más completa impunidad para los funcionarios, contraviniéndose uno de los principios liberales que hace a todos los ciudadanos iguales ante la ley.

Pero las leyes en México deben seguir los derechos humanos consignados en la Constitución Política Mexicana, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sentados en el Artículo Primero.
Así que, a menos que la risa les gane, los magistrados de la Suprema Corte, nuevamente echarán por tierra las fallidas aspiraciones de Duarte de Ochoa para suspender los derechos de la totalidad de los pobladores de Veracruz.

Y para que recuerden, tenemos algunos párrafos de los textos constitucionales
El Artículo Primero consigna que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Y del Artículo Segundo

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Cierto, la “ley de la impunidad en Veracruz” establece una discriminación entre los funcionarios públicos y el resto de la población.

El Artículo Noveno señala que:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Esto último elimina, automáticamente la “ley de impunidad en Veracruz”, convirtiéndola en una absoluta farsa, por lo que los 43 diputados que la avalaron pueden sir llamados con todo rigor unos farsantes.


Twitter: @JPBiosca

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