Veracruz legaliza la impunidad
Otra más de las muestras de ignorancia supina de quien
gobierna Veracruz está en la pretensión de ley que legaliza la impunidad de los
funcionarios en Veracruz.
Según esta ley, ilegal por ser anticonstitucional, los
ciudadanos tendrán suspendido su derecho a demandar a los funcionarios en los
casos en que cometan ilícitos que afecten a particulares, o que los ciudadanos
tengan evidencias de faltas a las leyes, o que, por la vía de la protesta
social, expresen sus exigencias para los funcionarios cumplan con las
responsabilidades asignadas.
Es también muestra que confirma la completa ignorancia de
los derechos que tienen los diputados veracruzanos quienes, exceptuando a una
única excepción, muestran su catastrófica incompetencia.
Podemos subrayar el carácter ilustrado de la diputada Mónica
Robles, quien tuvo el conocimiento suficiente como para entender que detrás de
la iniciativa duartista se esconden severas violaciones los derechos
constitucionales y a los convenios internacionales.
Y es que ese desconocimiento de 43 diputados jarochos pone
en evidencia, nuevamente, la catastrófica ignorancia de la ley que tienen estos
personajes cuya función es –paradójicamente– la de crear leyes.
Con esto se vislumbra –según algunos– la más completa
impunidad para los funcionarios, contraviniéndose uno de los principios
liberales que hace a todos los ciudadanos iguales ante la ley.
Pero las leyes en México deben seguir los derechos humanos
consignados en la Constitución Política Mexicana, siguiendo los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sentados en el Artículo
Primero.
Así que, a menos que la risa les gane, los magistrados de la
Suprema Corte, nuevamente echarán por tierra las fallidas aspiraciones de
Duarte de Ochoa para suspender los derechos de la totalidad de los pobladores
de Veracruz.
Y para que recuerden, tenemos algunos párrafos de los textos
constitucionales
El Artículo Primero consigna que:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley”.
Y del Artículo Segundo
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.
Cierto, la “ley de la impunidad en Veracruz” establece una
discriminación entre los funcionarios públicos y el resto de la población.
El Artículo Noveno señala que:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea
o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por
algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en
el sentido que se desee”.
Esto último elimina, automáticamente la “ley de impunidad en
Veracruz”, convirtiéndola en una absoluta farsa, por lo que los 43 diputados que
la avalaron pueden sir llamados con todo rigor unos farsantes.
Twitter: @JPBiosca
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