Erasmo de Acá
Cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado de todos los asuntos públicos, ese principio sí es de seguridad nacional, no como lo contrario el gobierno de México a través de líder de cuarta trata de convencernos, esto, en el sentido de que las obras que más dinero consumen deben guardarse con secrecía, claro, pues así no estaríamos informados de quiénes son los beneficiarios de ese recursos y de los mecanismos para definir a quien se le compra, además de que pasándose por el arco del triunfo la ley de obra pública, se otorgan contratos y subcontratos a los nuevos príncipes, muchos de ellos otrora mendigos que con la bendición oficial gozan de impunidad, los mexicanos tienen derecho a ser informados acerca de los asuntos públicos, a conocer con detalle en qué se gasta el dinero de sus contribuciones y a contar con datos claros y suficientes para evaluar el desempeño de los servidores públicos, pues cuando se trata de dinero del pueblo es obligación de los funcionarios informar puntualmente en que se gastó.
Según datos investigados, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades por mil 300 millones de pesos en la construcción del Tren Maya. Durante 2020 se pagaron 650 millones 91 mil pesos a Fonatur Tren Maya por concepto de Subcontratación de servicios a terceros, pero de acuerdo con la ASF no se recibió ningún bien o servicio que justificara el gasto.
En ese mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró que los contratos que se dieron en diversos paquetes de la construcción de la refinería “Olmeca” de Dos Bocas en Tabasco, a cargo de la Secretaría de Energía, tuvieron varias irregularidades que derivan en un presunto perjuicio o daño al erario por 59.2 millones de pesos.
Pero esta información y quiénes participan y participaron en los “negocios”, se pretende bloquear por seguridad nacional, cuestión que ya se determinó que no.
La regulación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene sus orígenes desde el año dos mil dos; Las instituciones responsables de hacer cumplir la legislación en la materia de transparencia y acceso a la información y de velar por su materialización, conjuntamente con la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, son los llamados órganos garantes; esto es, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tiene también competencias locales y sus homólogos en las entidades federativas, bautizados con diferentes denominaciones). Todos ellos con autonomía constitucional.
El odio del presidente López Obrador al INAI, nace de la “intromisión” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al ordenar a las secretarías de Energía y de Comunicaciones y Transportes dar a conocer los estudios sobre el impacto social, económico y ambiental de los proyectos del Tren Maya y de la refinería Dos Bocas en Tabasco.
Determinación que emana como consecuencia de la sesión pública, en donde los comisionados del INAI decretaron por unanimidad modificar las respuestas de esas dependencias, pues ambas instituciones negaron dicha información a los particulares que la solicitaron, argumentando su inexistencia.
Ahora como consecuencia de la rabieta del Presidente, al considerar que nada tiene que hacer el INAI investigando en que se gasta el dinero, como consecuencia de su irreverencia, le toca el turno de ser transformada por el estómago de la cuarta transformación, pues el ahora solitario del palacio asegura que el instituto no ha logrado desterrar la corrupción del país, el aplaudidor morenista Alejandro Armenta presentó una iniciativa para disolver el INAI, sin embargo, la retiró unas horas después de que se diera a conocer en la Gaceta del Senado. Por otro lado, ese primer documento proponía reformar leyes generales, cuando para eliminar al INAI se tiene que cambiar la Constitución mexicana.
Manuel Alejandro Robles, diputado de Morena, presentó una iniciativa de reforma en la que propone desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), según la iniciativa, con la que se busca modificar el Artículo 6 de la Constitución, se propone que este nuevo Instituto de Transparencia esté conformado por tres comisionados electos mediante insaculación, no por siete, y por un Comité Técnico de Evaluación controlado por el Congreso y el presidente. Además, se puntualiza que este nuevo instituto será un órgano autónomo, imparcial, especializado y colegiado que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, o sea el ejecutivo tirara los dados cargados para elegir a los funcionarios a modo, Más pequeño y elegido por sorteo: es en esencia la propuesta de Morena para modificar el INAI.
La propuesta, que llega después de que el Gobierno federal dejara al INAI inoperante al no nombrar tres comisionados que son necesarios para que pueda sesionar, critica que el INAI no ha logrado desterrar la corrupción del país. Esta iniciativa es la segunda que presentan legisladores de Morena sobre el INAI. El pasado 27 de abril, el senador morenista Alejandro Armenta presentó una iniciativa para disolver el INAI, sin embargo, la retiró unas horas después de que se diera a conocer en la Gaceta del Senado. Por otro lado, ese primer documento proponía reformar leyes generales, cuando para eliminar al INAI se tiene que cambiar la Constitución mexicana.
El futuro del INAI y de la certeza que todo mexicano debe tener en sus instituciones descansa en la Suprema Corte de Justicia de Nación, el temor del gobierno de cuarta es que se abran los archivos de las “Obras Prioritarias” de la familia amigos de López Obrador S.A. y se conozca la tremenda corrupción que enarbola este gobierno “del cambio”.
Al Tiempo…. Sin embargo, se mueve.
