¿Ejército para la paz?

Javier Pulido Biosca

México, siempre a la vanguardia en cuanto a figurar internacionalmente como un país defensor de los destinos que marcan los EU, ha anunciado que aportará dinero y efectivos militares para el tan cuestionado “ejército de paz” que tiene la ONU.

Esta acción es más que contradictoria: México, un “país pobre” (empobrecido por una constantemente mala administración pública), se quiere poner a la par de los países ricos (enriquecidos a partir de la expoliación de los recursos naturales de los países pobres).

Y es gracioso que haya “ejércitos de paz”, como si la renombrada paz fuera el triunfo de una guerra en vez de ser considerada como la solución de posibles conflictos.

Es paradójico también que México, uno de los países con mayor inseguridad en el orbe, con un elevado número de violaciones a los derechos humanos, país donde una reciente “reforma” laboral ha significado un retroceso en los derechos económicos de los trabajadores, donde casi el 60 por ciento de los empleados carecen de seguridad social, pensiones, ahorro para el retiro.

México, un país donde los grandes delitos de funcionarios y sus amigos quedan impunes y donde el poder judicial primero sanciona a un inocente o encarcela a un indígena antes de sancionar a un Gastón Azcárraga por los fraudes cometidos contra Mexicana de Aviación, o a un Bribiesca Sahagún por el nepotismo subyacente en los fraudes contra Pemex y el Citi Bank. Este México, se presenta cínicamente como parte de los “Cascos Azules”, que es como la ONU llama a su “ejército de paz”.

Y, para colmo, el costo de esas decisiones de ilusos lo pagaremos todos los mexicanos.

Y no queda otro remedio sino doblegarse ante esa tiranía que mal gobierna al país y en la que prosperan el autoritarismo, la impunidad y el engaño.

¿Qué clase de orgullo patriota es este?

Las reformas y el cobro ilegítimo

Siguiendo Pistas

Juan Antonio Valencia

Para la gran mayoría pasó desapercibido un hecho, pese a que un número respetable de mexicanos se verán involucrados en lo futuro y en riesgo su patrimonio personal.

El 2 de abril de 2014, hace cuatro meses, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2014, abrogando el reglamento anterior, mismo que entró en vigor el 3 de abril de este año en el mayor de los sigilos.

El Senado de la república, aprobó mayores facilidades a bancos y financieras, a fin de que puedan recuperar con la mayor garantía los recursos financieros otorgados a particulares, evitando así la morosidad de los deudores y acortando el plazo de los pleitos mercantiles que generaban mayores gastos.

Con todas las garantías para los acreedores, como el arraigo y el secuestro de los bienes del deudor, solo el PRD se opuso a esa medida que ubica al deudor en franca desventaja, sin embargo la alianza PAN,PRI y Verde Ecologista, fue abrumadora y la reforma financiera se hizo.

Hace al menos trece años, obtener un crédito, ya no bancario, sino, mueblero, era sumamente difícil. Sin embargo al abrirse la competencia, todos  los créditos se ablandaron y  con la aparición de las financieras, en competencia con los bancos, cualquier persona que aportara comprobante de domicilio y de identidad, obtenía un crédito.

LA VORACIDAD

El fenómeno se creó a que toda persona era sujeto de crédito, aun cuando no tuviera la solvencia económica necesaria, como para enfrentar los pagos del crédito. Las financieras en competencia pasaron por alto este factor y buscaron tener el mayor número de afiliados. Los bancos ofrecían créditos nominales, con mínimas garantías.

Cuando empezaron las deudas y la morosidad como consecuencia de la insolvencia, y en los bancos, sus afiliados a créditos fueron despedidos de sus empresas; tanto los bancos como las financieras se valieron de despachos de cobranzas, quienes se hacían y aún se hacen pasar, como agentes de la Procuraduría del Estado o Jueces Civiles, para cobrar en “diligencias” extrajudiciales, los adeudos.

Y aun mas, valiéndose de la ignorancia de sus deudores, les embargaban bienes para presionarlos a pagar, evitando así las largas y costosas demandas mercantiles, pero violando las leyes penales y civiles y los derechos de sus clientes.

A petición de la banca, el Senado estudió el fenómeno y resolvió endurecer las leyes para proteger el crédito y al acreedor que expone su dinero, pero en el entorno dio todas las ventajas al capitalista.

A partir de que entró en vigor la nueva ley, toda persona física o moral que solicite un crédito y no pueda solventar un adeudo, será objeto de arraigo domiciliario y secuestro o aseguramiento de sus bienes, para garantizar la deuda, mientras se desarrolla el juicio de garantía.

En lo que refiere a la figura del arraigo, no es precisamente como el de tipo de penal, en un hotel de la localidad, sino más bien que la persona demandada, no abandone el lugar en donde radica, mientras enfrenta el juicio.

LOS PUNTOS POLÉMICOS DE LA REFORMA

El Artículo 1104 de esa reforma establece que el acreedor, elegirá el domicilio de cualquiera de las partes; como el lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o el de la ubicación de la cosa.

Anteriormente la ley marcaba que el deudor, designaba el lugar para ser requerido judicialmente o el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación o el domicilio del deudor, ahora, con la reforma, el domicilio lo elegiría el acreedor y la afectación es enorme, ya que si el domicilio del acreedor se ubica por citar un ejemplo, en Coahuila y el del deudor en la ciudad de Agua Dulce, o en Cosamaloapan en el estado de Veracruz , todo el juicio se seguiría en la ciudad de Coahuila, lo que puede resultar sumamente costoso para el deudor.

El artículo 1168, que establece  la figura del arraigo domiciliario del deudor, será concedido por el juez de juicio, solo con que el demandante asiente bajo protesta de decir verdad, que tiene el temor fundado de que el deudor  se ausente u oculte.

Anteriormente para solicitar el arraigo, el acreedor debía probar con documentos o testigos el temor fundado, de que la persona iba a abandonar el lugar del juicio.

Sobre el secuestro de bienes, que establece el nuevo reglamento, es una especie de embargo anticipado al juicio, y basta actualmente  probar con testimoniales o documentales, el temor de que no haya bienes suficientes.

LAS GARANTIAS

En los juicios anteriores que por la vía ordinaria se seguían, primero se tenían que ganar y esperar a que la sentencia causara estado, para proceder a la ejecución y posterior embargo de los bienes para garantizar el adeudo.

Ahora, no se necesita probar, sino que basta con la manifestación bajo protesta de decir la verdad, que el acreedor tendrá todas las garantías, sobre su deudor.

Porque no es lo mismo seguir un juicio habiendo embargado bienes con anticipación con la nueva ley, que abrir un juicio como en años anteriores, con el riesgo de no poder embargar, esto da toda la ventaja a los bancos.

Esta medida aplica para todos los que deban dinero a bancos, uniones de crédito, financieras, agiotistas o prestamistas, y a tiendas departamentales, con ello se busca que las personas que prestan dinero tengan una garantía de forma más ágil, para acortan plazos, y puedan recuperar su dinero.

La banca y el Senado de la república, consideran que haciendo más fácil la recuperación de ese dinero, se puede abaratar el crédito. Sin embargo al recurrir a figuras jurídicas que son muy duras, para garantizar el éxito de recuperación, en algún momento, podrían presentar visos de inconstitucionalidad. Solo basta buscarle la forma.

LA COBRANZA ILEGÍTIMA

Pero no todo adeudo sería motivo de demanda, porque existen los adeudos mínimos, por los que un acreedor no considera rentable una demanda que podría salir más costosa que el adeudo en sí.

Es ahí en donde se seguirá recurriendo a los despachos de cobranzas, cuyo personal se hace pasar por abogados, actuarios, secretarios de acuerdos y jueces. Hasta el momento es el gobierno del Distrito Federal, quien promulgó reformas al Código Penal y aprobó en pleno, el artículo 209 BIS, que considera ya, como delito la cobranza ilegitima.

El nuevo artículo dice que “Cobranza ilegítima, cuando una persona requiera el pago de una deuda a través de medios ilícitos e ilegítimos, se valga de engaño, hostigamiento e intimidación, se le sancionara con 6 meses a 2 años de prisión y multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente, si en ello se emplean documentos, sellos falsos o usurpen funciones públicas o de profesión”.

“La protección de la ley contra la intimidación u hostigamiento aplica no solo al deudor sino también a quien funja como referencia o aval. Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Penal para el Distrito Federal, donde se refiere, entre otros aspectos, que están obligados a reparar el daño " los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en desempeño de sus servicios".

En Veracruz, aun cuando se ha comentado la posibilidad de etiquetar como delito la cobranza ilegitima; quienes se ven afectados por la forma de cobro, recurren por la vía penal, por delitos como usurpación de funciones, coacción y amenazas, allanamiento de morada y hasta lesiones, cuando el cobrador es muy agresivo

Todo esto, porque las empresas de cobranza, recurren al engaño a la intimidación para recuperar el crédito, en lugar de demandar por la vía mercantil, un adeudo que tiene precisamente ese carácter.

Por todo lo anterior debe prevalecer la legalidad, y aunque con las nuevas leyes los banqueros y agiotistas tienen las ventajas sobre los deudores, no son precisamente los bancos, quienes obligan a los ciudadanos, a pedir dinero. Pero si debe ser obligación del que presta el dinero, certificar la solvencia de su cliente.

LOS MOROSOS A SALVO

Se debe precisar como información, que las nuevas leyes  del código fiscal, no tienen aplicación retroactiva. Es decir que las personas que deben a bancos y financieras y se declararon en moratoria mucho antes de que entrara en vigor la reforma, no pueden ser demandados ahora, y buscar la aplicación de la nueva reforma, porque de acuerdo al artículo 14 Constitucional, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Para tal efecto se considera como inicio del proceso, la fecha en que el deudor sea demandado. En este caso, la reforma si aplicaría, para todos los deudores que actualmente dejaron de pagar y son morosos. 

En caso especial, si el adeudo data de más de tres años a la fecha, en que se firmó el pagaré; este ya prescribió y no tiene ningún efecto, más que el que le pueda dar o intente dar el despacho de cobranza, para recuperar la cartera, pero cualquier cobro que se haga sería ilegal. No válido.

Ante todo esto, el ciudadano tiene la disyuntiva de obtener un crédito previo estudio de su situación económica, y pagarlo o abstenerse de solicitarlo si no tiene solvencia.

Pedir dinero para celebrar una fiesta de quince años, o para acudir de viaje de placer, ya no será un buen objetivo, lo mejor será tratar de no aparentar lo que no podemos ser…

Correspondencia; javmina@hotmail.com

El voraz monopolio de la CTM

¿Quién será que manipula a la CTM en Coatzacoalcos?

La pregunta tiene sentido si pensamos en ¿quién será el que hace raras maniobras para bloquear el acceso y la salida de Etileno XXI?

No parece pertinente que una empresa transportista, convertida en monopolio –cosa prohibida por las leyes mexicanas y de todo el mundo– quiera abusar de su posición ilícitamente privilegiada.

¿El pretexto? Incrementar las tarifas previamente acordadas. Pretexto que no suena coherente con las acciones: por un lado, en 2012 negociaron un incremento del 12% con los constructores de la enorme planta que contrata a más 14 mil trabajadores.

El enorme 12%, que es ya de suyo mayor cuando las empresas que han tenido incrementos han sido de aproximadamente el 4% anual. Sobre todo, si se entiende que la mayor parte de las empresas no han tenido incremento alguno desde 2009 y que lo que fue un salario decente hace cinco años hoy es un salario esclavizante. ¿Es que la CTM ha luchado por que los salarios en las diversas empresas se incrementen más del 6% anual?

Nada de eso ha hecho la manipulada CTM, porque responde a los designios de sus patrones. ¿Qué patrones quieren sacar dinero de la constructora que ha contratado más de 14 mil trabajadores diarios en los últimos 2 años?

El argumento de que los combustibles han tenido fuertes incrementos no es válido tampoco para esta central que se ostenta como obrera. ¿Cuándo se ha visto que los diputados de la CTM se opongan a los llamados “gasolinazos”?

¿O usan estos incrementos para lucrar con ellos? El alza de los combustibles no es de ninguna manera un argumento para secuestrar las instalaciones o impedir el transporte del personal.

Es cierto que en julio 2012 el litro de diesel costaba $10.63 y en el mismo mes de 2014 tiene un precio de $13.28. Una diferencia de $2.65, que equivale a casi el 20% del precio del combustible. Pero eso no es tampoco argumento para la central que se pretende obrera y que ha avalado los bajos incrementos salariales y las alzas de combustibles.

¿Ha escuchado usted de un paro nacional para exigir mejores salarios? ¿O de un paro para exigir cero incrementos al combustible?

Si no ha hecho estas cosas la CTM, ¿Puede exigir a una empresa un arbitrario aumento de sus tarifas?

Y tampoco es en la Secretaría del Trabajo donde se negocian contratos de los prestadores de servicios. Los contratos deben ser respetados al precio que se acordaron y con el plazo fijado. No hacerlo además de descalificar a la empresa transportista que se ampara en la CTM, puede ser penalizado en los tribunales civiles.

Y, claro, queda libre la empresa constructora Etileno XXI de contratar con cualquier prestador de este servicio, fuera ya del ilícito monopolio de la CTM. Esto se debió hacer desde hace cuatro años para no quedar en manos de las maniobras de los líderes explotadores tanto del trabajador como de la necesidad de la empresa.

Eso sí, ya está el antecedente para que, cuando inicie operaciones el consorcio Braskem–Idesa, negocie con empresas reales, y evite a los dirigentes de monopolios ilícitos como la CTM.

 Y todavía, después de esto, hay los que quieren decir que los ejecutivos de la empresa no cumplen con su función.

Twitter: @JPBiosca

Legaliza Veracruz la impunidad

Veracruz legaliza la impunidad

Otra más de las muestras de ignorancia supina de quien gobierna Veracruz está en la pretensión de ley que legaliza la impunidad de los funcionarios en Veracruz.

Según esta ley, ilegal por ser anticonstitucional, los ciudadanos tendrán suspendido su derecho a demandar a los funcionarios en los casos en que cometan ilícitos que afecten a particulares, o que los ciudadanos tengan evidencias de faltas a las leyes, o que, por la vía de la protesta social, expresen sus exigencias para los funcionarios cumplan con las responsabilidades asignadas.

Es también muestra que confirma la completa ignorancia de los derechos que tienen los diputados veracruzanos quienes, exceptuando a una única excepción, muestran su catastrófica incompetencia.

Podemos subrayar el carácter ilustrado de la diputada Mónica Robles, quien tuvo el conocimiento suficiente como para entender que detrás de la iniciativa duartista se esconden severas violaciones los derechos constitucionales y a los convenios internacionales.

Y es que ese desconocimiento de 43 diputados jarochos pone en evidencia, nuevamente, la catastrófica ignorancia de la ley que tienen estos personajes cuya función es –paradójicamente– la de crear leyes.

Con esto se vislumbra –según algunos– la más completa impunidad para los funcionarios, contraviniéndose uno de los principios liberales que hace a todos los ciudadanos iguales ante la ley.

Pero las leyes en México deben seguir los derechos humanos consignados en la Constitución Política Mexicana, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sentados en el Artículo Primero.

Así que, a menos que la risa les gane, los magistrados de la Suprema Corte, nuevamente echarán por tierra las fallidas aspiraciones de Duarte de Ochoa para suspender los derechos de la totalidad de los pobladores de Veracruz.

Y para que recuerden, tenemos algunos párrafos de los textos constitucionales

El Artículo Primero consigna que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Y del Artículo Segundo

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Cierto, la “ley de la impunidad en Veracruz” establece una discriminación entre los funcionarios públicos y el resto de la población.

El Artículo Noveno señala que:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

Esto último elimina, automáticamente la “ley de impunidad en Veracruz”, convirtiéndola en una absoluta farsa, por lo que los 43 diputados que la avalaron pueden sir llamados con todo rigor unos farsantes.

Twitter: @JPBiosca

Un país sin soberanía ni recursos

Ya no entendemos a cambio de qué fue que el gobierno federal puso todo su aparato autoritario para implementar reformas que entrañan grandes perjuicios y ningún beneficio.

Reformas que, además, fueron escritas desde los servicios de inteligencia a cargo de los EU y dadas a las huestes de los politicastros traidores desde la embajada de dicho país en México.

Parece una mentira que las infinitas riquezas mineras, petroleras, de energía eléctrica, aguas, transporte y telecomunicaciones, cuyos rendimientos habían bastado –y sobrado– para que los aprovecharan las sucesivas hordas de predadores sexenales, dejando la fuente de beneficio para que los sucesores, igualmente voraces, las aprovecharan si necesidad de que afectaran las manipulaciones sociales, las dádivas y limosnas político–electoreras.

No entendemos por qué mataron a la “gallina de los huevos de oro” a cambio de algunos miles de millones para sus bolsillos cubiertos por la impunidad maravillosa del país, pero que dejan a la siguiente generación de delincuentes y usurpadores, desprovista de los recursos para hacer lo mismo que cada generación que ha venido aprovechando las infinitas riquezas mexicanas.

Esa nueva generación, cuando vea que ya todo se fue y pasó a manos de las compañías, tal vez pueda desear perseguir a los responsables del saqueo que abarató el costo (eso debería hacer).

Entonces se podrá prescindir de los partidos de seudo oposición y su retórica manipuladora perderá toda relevancia, porque serán los mismos usurpadores de la próxima camada los que persigan a sus predecesores.

Así, desde dentro, las cosas volverán a su equilibrio. Pero hasta entonces el perjuicio social será inconmensurable. Ojalá esto último fuera mero pesimismo falto de realidad.

La invención de un pasivo laboral

Javier Pulido Biosca

Con el cinismo y el autoritarismo que caracterizan al actual gobierno federal y que permea la mente de una mayoría de mexicanos, se dice que Pemex y la CFE suman un pasivo laboral de más de 2 billones de pesos. Pero no lo explican ni lo demuestran, sino que lo convierten en una propiedad de todos los mexicanos.

Y, claro, los legisladores, dominados por la ignorancia, la mediocridad y los compromisos, ni siquiera pidieron que se les demostrara para aprobar que una fracción de esa deuda la cargara el pueblo de México a través de sus impuestos.

De repente salió un pasivo laboral inconmensurable, cuando hace apenas un año, el consejero profesional de Pemex Fluvio Ruíz de Alarcón declaró a este redactor que los compromisos laborales de Pemex apenas llegaban al 1% del flujo de efectivo que tiene la empresa de los mexicanos (o que tenía antes de convertirse en una empresa “productiva” del gobierno).

Para que el lector tenga idea de la dimensión del flujo de efectivo de Pemex, nada más en su balanza comercial se contemplan saldos a favor que se ubican en un promedio de 2 mil millones de dólares, es decir, 26 mil millones de pesos mensuales, del que 260 millones de pesos mensuales corresponden a las obligaciones laborales, que se cubren mensualmente a los trabajadores activos y jubilados.

No es posible que la CFE tenga el resto de los pasivos laborales hasta completar los 2 billones de pesos, aunque no hay cifras de esto.

¿De dónde salen entonces los 2 billones de pesos?

Son una gran falacia de esas en las que se aprovechan los políticos de la gran ignorancia que tienen los mexicanos sobre los datos de la administración pública y de la aritmética elemental.

Para eso crearon el pésimo sistema educativo con que cuenta el país y, aunque sea indignante, les da resultados a quienes lo crearon.

Twitter: @JPBiosca

CFE: las tarjetas del engaño

Javier Pulido Biosca

Se ha venido diciendo que ahora se moderniza la CFE con tarjetas de prepago, en las que sucederá como en los teléfonos, nunca se sabe el origen del cargo, sino que avisan cuando está agotado el saldo.

Pero sucede que, por más que cierta prensa vendida al amarillismo quiere captar lectores con falacias, el cambio de esquema no es obligatorio sino opcional.

Y por eso no hay que aceptar el engaño. La propuesta tiene más de dos años de estarse promocionando pero no tiene respuesta debido a la desconfianza que hay en las instituciones del país.

La mecánica es la siguiente:

Pasan a las casas diciendo que ahora los medidores llevarán un lector de tarjeta para que mensualmente pagues tu luz. Que si no lo autorizas un supervisor pasará después cambiando el medidor estés o no estés en casa porque ahora esa es la nueva forma de pago.

Esto es falso:

1. Estas personas que pasan haciendo el cambio no son de cfe sino de iusa, la empresa que lleva la facturación con el método de tarjeta.

2. La tarjeta inteligente es opcional y el cambio es voluntario. No es un esquema nuevo de pago sino una opción alternativa al recibo bimestral.

3. Con el recibo la paga es en oxxo, x24, Chedraui y mil lugares más mientras con la tarjeta fuerzan al usuario a ir al área de atención a clientes de las oficinas de cfe a pagar, después de una fila infinita.

4. No dicen que vendrá un cargo inicial por depósito en garantía de casi 100 pesos adicionales al consumo del mes.

5. Cuando se desea cambiar de tarjeta a recibo bimestral se tiene que finiquitar y pagar un cargo de más de 150 pesos adicionales.

6. El recibo bimestral que todos conocemos va a seguir, no lo van a quitar.

Cada quién cómo pagar su luz, la tarjeta inteligente no es fuerza.

Twitter: @JPBiosca

Desmantelan Pemex desde dentro

GERENTE DE SEGURIDAD EN PPQ VIOLA EL PROPIO REGLAMENTO
Contrario a lo que establece la Practica No. 1 del Sistema de Salud, Seguridad y Protección Ambiental (), por no demostrar ningún compromiso con la reglamentación, Juan José Garfias Linares, quien ostenta y cobra el puesto de gerente de Seguridad y Protección Ambiental de los Complejos de Pemex Petroquímica, llegó a la planta de ETILENO del Complejo Morelos sin el debido equipo de seguridad.

Atinadamente, los trabajadores sindicalizados del Complejo Petroquímico Morelos, le impidieron realizar un recorrido en el Interior de esta planta el pasado día martes 15 de Julio, recorrido que se haría con personal del Corporativo de Petróleos Mexicanos que visitó este Complejo Petroquímico para verificar precisamente cuestiones de Seguridad.

El Personal Corporativo se pudo dar cuenta que justamente el que NO CUMPLE con su Equipo BÁSICO DE PROTECCIÓN PERSONAL (NO TRAÍA ZAPATOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE ALGODÓN) es Efectivamente el Propio Gerente de Seguridad, quien viola el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos en sus artículos más elementales.

También quedó de manifiesto que a este Garfias Linares es un desconocido en los Complejos Petroquímicos ya que nunca o casi nunca realiza visitas a estos centros de trabajo y tal como su Anterior Jefe Beverido Lomelí lo maneja a Control Remoto desde la Ciudad de México.

Saqueo y pillaje…

Aquí va otro artículo del amigo

Plaza de Banderas
Juan Antonio Valencia

Existe un nuevo fenómeno que solo se puede dar en México; el saqueo y el pillaje disfrazados de endeudamiento, en los dos mil cuatrocientos cuarenta ayuntamientos de todo el país. De todos estos centros edilicios en donde teóricamente deben fluir los recursos para satisfacer las necesidades de obra pública en cada municipio, solo siete de todos los ayuntamientos de la república terminaron en números negros, es decir sin adeudos y con finanzas sanas que entregar a administraciones entrantes, el resto es obvio que terminaron en quiebra.

Cuando en un negocio los números son rojos, significa la quiebra y la desaparición de la empresa, las causas pueden ser una mala administración, errores de cálculos, la instalación en un lugar inadecuado, demasiado personal, sueldos elevados y poca productividad, salida de dinero sin comprobar destino, o todos estos conceptos al mismo tiempo. ¿Qué le gusta?

Administrar dinero propio significa una mayor responsabilidad. Manejar dinero ajeno o público no es necesaria la responsabilidad y sí, la oportunidad de agenciarse parte del presupuesto, debido a todas la facilidades que se tienen, tanto en el gasto público, que se puede maquillar, como en la salida de dinero a través del presupuesto para una abultada nómina, o la re facturación de bienes y servicios o la práctica de inflar los costos en las obras públicas.

Los ayuntamientos son administraciones públicas, y como si fuera una empresa privada con capital público, el principal objetivo que debería prevalecer, es el de analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos del municipio. Cuidar que se recauden oportuna y correctamente los ingresos municipales. En tiempo y forma presentar oportunamente al congreso local las cuentas y comprobantes de recaudación y gastos de los fondos públicos. Entre otros celebrar convenios con las dependencias federales, estatales y con otros ayuntamientos para la realización de obras o la prestación de servicios públicos.

Entre otras cosas, aprobar los planes y programas de desarrollo urbano municipal, intervenir de acuerdo con las leyes federales y estatales en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Fomentar las actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y deportivas.

Sin embargo nada de esta teoría se aplica, y estas dependencias se han convertido en verdaderas agencias de colocaciones y empleos a todos los que sirvieron en campaña, convirtiéndose la mayor parte del presupuesto en recursos para pagar abultadas nóminas de empleados y exagerados sueldos para los funcionarios, cuyo enorme gasto corriente, impide de entrada, la inversión para la obra pública.
Posiblemente lo que más daño hace al estado, constituido por la ciudadanía; no por los funcionarios, son los sobreprecios que se cotizan en la escasa obra pública que se presenta, esto, ante la falta de un verdadero órgano rector que convertido en fiscalizador, pudiera auditar de forma clara y demostrar que se está actuando de forma dolosa. Hablo específicamente del estado el Veracruz.
En la república, en los delitos de todo género, existe el dolo y la culpa; la participación y la coparticipación; es decir el que actúa y el que permite el delito. Si se está dando el saqueo y el pillaje, en los dos mil cuatrocientos cuarenta ayuntamientos de todo el país, es porque esto lo están permitiendo los gobernadores, y si estos tácitamente lo autorizan y lo legitiman, es porque también participan.

A su vez, los gobernadores participan también del saqueo, como los casos más específicos; Fidel Herrera en Veracruz, Granier en Tabasco, Moreira en Coahula, y otros por citar un nefasto ejemplo, y esto es porque a su vez el presidente de la república Enrique Peña Nieto, se los permite, porque de su actuación se estima imposible que sea ajeno de participar.

México es un país al que difícilmente, entre un pequeño grupo de funcionarios, se lo puedan acabar, porque tiene el recurso de generar más impuestos, para tener más riqueza a disposición de quienes la administran. Lo mismo pasa en los estados en donde si hace falta más dinero para pagar campañas, para desviarlo a cuentas privadas, para crear comisiones de “periodistas” o para viajes de placer, el recurso es generar más ingresos a través de los impuestos, y de esto no existe ningún riesgo, debido a que el sector empresarial todo lo que le mandan lo digiere, aún cuando le merme sus ingresos y el grueso poblacional es sumiso y pusilánime.

En Veracruz, doscientos doce ayuntamientos terminaron en quiebra, debiendo los aguinaldos, sueldos, millonarios adeudos a proveedores, con presupuestos que desaparecieron, obra pública inexistente y fuertes adeudos a la banca.

Ante la falta de presupuesto, el endeudamiento y ante la administración del jugoso recurso, el saqueo, el pillaje y el legado a la administración entrante, ante la complicidad de los órganos rectores en materia financiera, que extorsionan a los responsables y dan carpetazo a cualquier posibilidad de responsabilidad por peculado y de esto, es responsable el gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

El peculado es un supuesto delito en Veracruz, que se tipifica; que, si alguien dispone de dinero valores o cualquier bien recibido en administración, podría ser castigado con una penalidad de 4 a 15 años de prisión.

Mientras que el delito de robo es; a quien con ánimo de dominio, lucro o uso, se apodere de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella, se le sancionará de cuatro a siete años de prisión.

No obstante la gravedad del primer delito, al menos en Veracruz, después del saqueo que sufrieron los 212 municipios en la entidad, no se conoce que se haya abierto alguna investigación ministerial en contra de algún ex edil, para demostrar que existe al menos, peculado.

El pillaje fue disfrazado de endeudamiento, y el alcalde entrante dispuesto a pedir más dinero para tapar el robo, y al salir pedirá prestado para llevar y la historia vuelve a repetirse, y el delito no se castiga, debido a que gran parte del dinero va a las campañas políticas y a cuentas secretas de quienes gobiernan los estados.

¿Pero qué paridad o disparidad existe entre el delito de robo y peculado?

Existen grandes diferencias entre un ente que practica el peculado y otro que practica el robo. Primera el que va a robar se expone, se arriesga y expone incluso la vida para poder obtener o apoderarse de algo para su provecho personal, con un 50 % de posibilidades de que tenga éxito.

En tanto el que practica el peculado, no se expone en lo absoluto, porque tiene el recurso a su disposición, y tiene el 100 % de posibilidades. Y de ser sorprendido puede aún negociar y salir con el 70 % del botín adquirido sin ningún riesgo, y poder contar aún con el suficiente presupuesto para lavar su imagen a través de medios publicitarios, y poder alcanzar otras posiciones políticas en nuevas administraciones, como es el caso de Alberto Silva Ramos ex alcalde de Tuxpan, quien dejó una deuda histórica jamás soñada en todo el estado de poco más 2 mil 269 millones de pesos al 31 de diciembre pasado, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su informe “Obligaciones Financieras de Municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y Emisiones Bursátiles ( 31 de diciembre de 2013) Silva Ramos ocupó después el cargo de Secretario de Desarrollo Social y ahora ocupa la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, su imagen ya está totalmente limpia. Carolina Gudiño, ex alcaldesa de Veracruz, dejó deuda por 238.9 millones de pesos, en Xalapa la ex alcaldesa y actual dirigente del PRI Estatal, Elizabeth Morales dejó una deuda de 102.9 millones de pesos, estos son algunos de los personajes que se mostraron a través de una actitud, en donde el género, no es precisamente sinónimo de honestidad, por citar algunos ejemplos . Pero eso no fue todo, los alcaldes salientes, quedaron debiendo a la Secretaria de Finanzas y Planeación el impuesto a la nómina y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir se agenciaron los descuentos, pero no los pagaron, se los quedaron.

En todos los ayuntamientos que terminaron en quiebra, no hay claridad sobre el destino que tuvieron esos millonarios recursos que se tendrán que pagar en los años venideros, y ante el vació de poder y participación de los saqueos y pillaje, no hubo nadie que tuviera la iniciativa de exigir transparencia, ni siquiera el Congreso estatal. Esto habla de una participación general que preocupa, porque esto tendrá que repetirse siempre…

Correspondencia:
javmina@hotmail.com




















Oaxaca 570 puebla 217, Veracruz 212, el más cercano Jalisco 125 y el que menos tiene, Baja California Sur con 5

¡Prensa, no disparen!

Va un artículo invitado:

El acercamiento…
Juan Antonio Valencia

Cuando el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, dijo en un desayuno, que buscaría un mayor acercamiento con la prensa en el estado, nadie se imaginó que tan cerca sería ese acercamiento, o que tanto sería tantito.

Y no pasó mucho tiempo. La detención anticonstitucional y la tortura que sufrió nuestro compañero periodista en Orizaba, Felipe Madrigal Rodríguez, es una muestra de ese “acercamiento” de que tanto hablaba el gobernador.

El acercamiento fue bastante severo, pues el comunicador recibió una verdadera golpiza, a manos de los garantes de la seguridad en Orizaba, la policía municipal. Esta situación deja entrever como el gobierno del estado, sigue viendo a los periodistas de Veracruz, como sus más acérrimos enemigos.

Ya con anterioridad el secretario de “seguridad” Arturo Bermúdez Zurita, expresó públicamente su repudio a la prensa en Veracruz, al tratarlos de “pinches medios”. El 5 de febrero fue secuestrado en Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez de la Cruz, y días más tarde encontrado en una fosa clandestina.

Fue el propio gobernador, quien desestimó la labor periodística del comunicador, como móvil, en una franca falta de respeto a la prensa. Para reivindicarse, despidió al procurador Amadeo Flores y a la vocera Gina Domínguez, y celebró los cambios.

Poco después organizó un desayuno de “acercamiento” con la prensa y prometió que esto lo haría cotidiano. Esperemos que esto no ocurra, porque entonces, cada semana tendremos agresiones para quienes integran el gremio periodístico.

Para colmo de males, Alberto Silva Ramos director de comunicación social del gobierno del estado, debutó con el pie izquierdo, al criminalizar, al periodista Felipe Madrigal Rodríguez, señalando en su boletín, que el agresor fue el comunicador, y sentenció fue quien agredió a la indefensa policía municipal de Orizaba.

Silva Ramos, tenía razón cuando declaró que la prensa no era ningún problema, pues con un discurso por medio del boletín, resolvió que el responsable era el periodista.

La verdad se le debe creer, cuando dijo, también que se había sacado la rifa del tigre. Esos son los resultados que se tienen cuando alguien se saca un tigre en la rifa, y no sabe qué hacer cuando este empieza a rugir.

Y ya se vio, los cambios no están funcionando. Cuando la cabeza anda mal, las extremidades tienen que fallar. Mientras el enfermo no reconozca que está grave, va a ser imposible que se pueda curar y restablecer. Lo malo es que faltan dos años más, da tiempo de adquirir un seguro de vida.

Plaza de Banderas

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Plaza de Banderas

El generalazo...

Juan Antonio Valencia

Narraba José González en su libro, “Lo Negro del Negro Durazo”, “de niños, yo, José, Luis y Arturo, éramos una sola palomilla en la escuela. Arturo era quien protegía al grupo, por su actitud más audaz y defendía a José de las agresiones de otros niños.” Así en la escuela, inició la historia de quien muchos años más tarde, llegó a consolidarse como un general de “cinco estrellas”, a recibir en Estados Unidos, un Doctorado Honoris Causa, una vez que se hizo garante de la seguridad del entonces presidente de la república, José López Portillo, allá por la década de los años ochenta y quien lo nombro Director de Policía y Tránsito, además titular de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), con la que arrancó la guerra sucia, contra opositores políticos, periodistas no afines y grupos subversivos.

Arturo Durazo Moreno, solo pudo cursar después de la secundaria, una carrera técnica, pero eso no fue obstáculo para estar, incluso, por encima del general Félix Galván López (1976-1982) entonces secretario de la defensa nacional.
Pulcro en su vestir de traje militar azul turquesa, gorra militar con estrellas y barras, Arturo “el Negro Durazo” controlaba todo, gracias a la confianza que José López Portillo le tenía, por favores en la infancia. Durante el sexenio 1976-1982, “el Negro” Durazo, dueño de vidas y haciendas, fue el ejecutor de cientos de personas, que terminaron en fosas clandestinas, en los ríos, o amanecían tirados en las calles,

Ese era el generalazo. Pero los ejemplos cunden y cuando todo parecía olvidado, surge en Veracruz, en medio del gobierno sangriento de Javier Duarte, una persona de características sino, parecidas, si muy similares, que nos da a entender, que esa etapa del México violento, no ha sido superada. Al menos no, del todo. Su nombre es Arturo Bermúdez Zurita. Nació en el Distrito Federal el 6 de enero de 1967. Tiene 47 años de edad en la actualidad. Es licenciado en ciencias administrativas, estudios de contaduría pública y recursos humanos, además de estudios de marketing político, fue director de recursos humanos del grupo azucarero Escorpión y laboró como especialista de compensaciones del grupo de alimentos balanceados, La Hasa, y fue asistente personal del secretario de seguridad pública del gobierno de Nuevo León. En lo más cercano con la carrera de las armas, se establece, en que tomo un curso de tiro, sin especificarse en donde, cuando y bajo que disciplina.

En Veracruz durante el sexenio de Fidel Herrera ocupó algunos cargos, como secretario particular de Sergio Maya Alemán en la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas en el periodo de Miguel Alemán. Al llegar al poder como gobernador, Javier Duarte Ochoa, éste le hace entrega de la Secretaria de Seguridad Pública, le hace entrega del control de la dirección de tránsito y transporte del estado, que conlleva todas las delegaciones de tránsito, también todas las corporaciones policiacas para hacer lo que llamaron “mando único”, signando contrato con la Secretaría de Marina Armada de México, para que en duopolio con la policía naval y policía estatal, tomaran el control de la seguridad en el estado.

En el paquete se incluyo también, todo el control de los veintidós reclusorios del estado, incluyendo todos los jugosos presupuestos por cada una de las dependencias bajo el control del “supersecretario”.

El anuncio de este sensacional sistema de seguridad, fue anunciado con un extenso afán publicitario, que desnudaba las bondades y la protección a cada uno de los veracruzanos, y de inmediato empezó el bombardeo mediático, que al final se hundió en el mar de la incredulidad y el fracaso. Los mil millones de pesos que supuestamente se invirtieron para preparar a la nueva policía a la que llamaron “acreditable”, no tuvo el resultado esperado. Por el contrario al entrar esta en funciones, la represión hacia la ciudadanía no se dejó esperar, las agresiones también a la prensa, de la que Bermúdez Zurita se declaró enemigo, fueron algo cotidiano, en los retenes anticonstitucionales que se instalaron a lo largo del estado.

La seguridad que le vendieron a los veracruzanos y que a todos les costó mil millones de pesos, se esfumó, por el contrario el estado se sumió en una ola de violencia y asesinatos en lo que va del sexenio de Javier Duarte, donde han sido asesinados diez periodistas y tres más fueron desaparecidos, convirtiendo al estado en un infierno, para ejercer el oficio de la comunicación.
Lejos de combatir la ola de violencia con estrategias de seguridad, optaron por ocultar y maquillar las cifras y combatir, la ignorancia y la inoperancia, como se estila aún en la actualidad; con el discurso. Con el discurso terminaron con la pobreza. Con el discurso terminaron con la inseguridad. Con el discurso también terminaron con la falta de empleos y con el discurso, resolvieron todo.

Pero a dos años que concluya el gobierno sangriento, la realidad los ha situado a cada quien en su lugar y los ha vuelto a la realidad del Veracruz violento, en donde la vida no vale nada, aunque comiencen siempre llorando, como versa la melodía de José Alfredo Jiménez.

Que ocurrió? se preguntan millones de veracruzanos. No podemos imaginar a Arturo defendiendo en la escuela a Javier, de las agresiones de otros niños. O cambiándole la letra a la canción para hacer ganar a “el Moro de Cumpas” y haciendo perdedor a “el Zaino de Agua Prieta”, aquella calurosa tarde del 17 de marzo de 1957. Tampoco lo imaginamos con policías estatales y policías navales, trabajando de albañiles, en la construcción de un Partenón en Xalapa. Arturo Bermúdez Zurita, ahora General de tres estrellas. Vestido con traje militar y gorra emblemática, en lo mediático le apostó a su imagen y a los resultados, el gobierno de Veracruz le invirtió miles de millones de pesos, en publicidad, y así obtuvo un gran éxito, vendiendo una clima de seguridad social. Pero en la realidad, esa que palpan los veracruzanos que salen todos los días a ganarse el pan de cada día, es otra. Y con la ola de violencia que azota la entidad, todo se cayó. Ya nada se puede sostener. Entregar la seguridad de los veracruzanos a una persona de este perfil. Fue un fracaso.

Pero lo más preocupante es que contra todos los resultados, en donde la policía naval fue desgastada, en donde quedó demostrado que la policía estatal no está aún acreditable como el propio Bermúdez Zurita ya lo reconoció, (será hasta el 2015), el gobernador Javier Duarte un joven funcionario, es posible bien intencionado, lo sigue sosteniendo. Ya cayó Amadeo Flores Espinosa, ya se fue Gina Domínguez, también vendedora de ilusiones, pero el estado sigue sumido en la violencia y la tan esperada seguridad, nunca llegó. Faltan aún dos años y con ello, que el baño de sangre continúe...